La Europa de los trabajadores: el caso español

Hablábamos en la anterior pieza de las repercusiones que tendrá la futura Constitución europea para la "salud pública y general" de la clase trabajadora continental y, fundamentalmente, española. Esta Carta Magna refiere Europa como una "economía social de mercado tendente al pleno empleo", algo así como un reducto consciente y voluntario del Estado del Bienestar. Y obtenía el apoyo de la Federación europea de Sindicatos por la publicación de una Carta de Derechos de los Trabajadores, algo así como un estatuto marco que aconsejaría directrices para las legislaciones laborales de los estados miembros.

Hablábamos también del carácter genérico y poco profundo de esta Constitución, apenas un decálogo de intenciones. Y señalábamos que la clave para entender este texto estará en las diversas trasposiciones que elaboren cada uno de los Estados, entre ellos España. Porque cada Estado podrá entender a su gusto conceptos como el del pleno empleo, o el de Estado de Bienestar, sanidad y educación públicas, o el de las políticas fiscales (una de las críticas sindicales al texto europeo estriba en su incapacidad para armonizar una fiscalidad europea).

Viendo reacciones como las de la patronal española, la CEOE, las esperanzas de que esta Constitución sirva para acercar España a Europa decrecen considerablemente. La burocracia empresarial ha propuesto que se deroguen en España las cláusulas de revisión salarial. Aquél trabajador que disfrute en su contrato de esta cláusula sabrá que sirve para actualizar su salario conforme a la inflación real a final de año, no la que prevé el Gobierno al principio del mismo y que sirve para las negociaciones colectivas.

En resumen. Cuevas propone que quede fijada por ley una rebaja del poder adquisitivo de los salarios.

Lo que propone Cuevas, de todas maneras, no es más que la plasmación jurídica de un hecho que ya sucede en la práctica, porque cada vez menos contratos laborales están sujetos a convenio. La temporalidad del empleo español (sólo 1 de cada 10 nuevos contratos es fijo) obliga al trabajador a renunciar a los derechos inherentes a su puesto a cambio de una mayor estabilidad. De ahí que la cláusula de revisión salarial resulte un lujo asiático para la mayoría de los empleados, los que no llevan veinte o treinta años en su empresa.

Entre otras cosas, porque ya es un lujo que suban algo los sueldos. Ni siquiera el porcentaje de inflación que prevé el Gobierno cada mes de enero.

Los empresarios españoles aseguran que medidas de este tipo, lo que ellos llaman moderación salarial, permiten acercar al país al pleno empleo y aumentar el número de cotizantes para asegurar la viabilidad de los servicios públicos. Es su manera de entender la "economía social de mercado" propuesta por la Unión Europea. Es su manera de entender cómo el Estado español debe trasponer la futura Constitución Europa.

Es un punto de partida miserable. Pero válido, porque no entra en conflicto con los vagos principios de la Carta Magna continental. Esto es lo que hay que vigilar a partir de ahora, para que puntos de partida como los de la CEOE no se impongan ante Moncloa.